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   La función del acompañar

Analizar, acompañar: vicisitudes del trabajo clínico con adolescentes en conflicto con la ley
  Por Gabriel Pulice
   
 
Entró agitado, media hora más tarde del horario habitual. Balbuceó apenas unas palabras sobre la pelea que acababa de tener con su hermano mayor. Puso el cuchillo sobre la mesa. Por fortuna, a esa hora de la mañana ellos eran los únicos clientes del bar.
Llevátelo vos, por favor… Si no, lo voy a matar…
El psicólogo no tuvo tiempo para vacilaciones, con un movimiento rápido guardó el cuchillo en su attaché y recién entonces atinó a preguntarle qué había sucedido. Un buen rato después, terminaba la entrevista. El joven dijo que ahora se sentía mejor, que en el momento de la pelea con su hermano se acordó de lo conversado la semana pasada con su terapeuta acerca de las trampas y provocaciones familiares, que eso lo detuvo. Entonces se dio cuenta de que era el horario de la entrevista, vino lo más rápido que pudo…

De nuestros antecedentes. En enero de 1944 un magistrado británico interrogaba a D. W. Winnicott, a partir de la lectura de un artículo suyo recientemente publicado, «Investigación de la delincuencia», respecto de las dificultades que se le planteaban para disponer lo necesario para que un «joven delincuente» sea analizado. Se sumaba el problema de no saber él casi nada sobre el funcionamiento de los correccionales o de las escuelas de readaptación ni de los métodos empleados por los agentes de vigilancia judicial a cargo de los menores en libertad condicional: «…cuesta establecer un equilibrio entre el deseo de convertir a la persona que tenemos delante en un miembro valioso de la sociedad, por un lado, y el deseo de disuadir a otros malhechores por el otro (…) Días pasados tuve un caso desalentador: un muchacho de unos 17 años, que muy poco tiempo atrás había cometido varios hurtos y a quien había tratado con indulgencia recurriendo a la prédica, compareció otra vez ante el tribunal como reincidente. ¿Qué hemos de hacer en casos como este?»1. Podemos hacer nuestra esa pregunta que Roger North formulaba a Winnicott, como punto de partida de una interrogación que cotidianamente renueva su vigencia: ¿puede el psicoanálisis aportar algo respecto del abordaje de estos sujetos? Contamos como antecedente, a modo de respuesta anticipada –y a tono con el escepticismo del magistrado británico–, el pronunciamiento de Freud en su prólogo al texto de Aichhorn, Juventud descarriada: «…La posibilidad del influjo analítico descansa en premisas muy determinadas, que pueden resumirse como “situación analítica”; exige el desarrollo de ciertas estructuras psíquicas y una actitud particular frente al analista. Donde ellas faltan, como en el niño, en el joven desamparado y, por regla general, también en el delincuente impulsivo, es preciso hacer otra cosa que un análisis, si bien coincidiendo con éste en un mismo propósito» (Freud, S., 1925). Leída a la letra, esta afirmación freudiana parece ser taxativa respecto de la incumbencia del psicoanálisis en el campo que nos ocupa. Sin embargo, sabemos que, por otra parte, él mismo fue abriendo caminos que luego permitieron a los psicoanalistas avanzar sobre las dificultades técnicas que impedían el tratamiento de numerosos casos –incluso de sujetos neuróticos– frente a los cuales el dispositivo tradicional resultaba refractario.

En su comunicación presentada a la “XIII Conferencia de Psicoanalistas de Lengua Francesa”, Lacan retoma estas cuestiones comenzando por diferenciar –en la búsqueda de la verdad– lo que es del orden del crimen en su aspecto policíaco, de la verdad del sujeto. ¿De qué forma pueden ayudar a esta búsqueda la técnica y los conceptos acuñados por el psicoanálisis? En primer lugar, es necesario «…fijar sus límites legítimos, y no ciertamente para propagar la letra de nuestra doctrina sin preocupación de método, sino para repensarla, como nos es recomendado hacerlo incesantemente en función de un nuevo objeto» (Lacan, 1950). Aquí se plantea, en primer lugar, un problema de forma, y se concluye con un problema de fondo. El primero se presenta en la medida en que la técnica que Freud instituyó para el tratamiento de las neurosis supone una serie de condiciones con frecuencia inadaptables al tratamiento de lo que, desde el ámbito policíaco –e independientemente del diagnóstico clínico–, se considera un criminal. Estamos hablando no de la eventualidad de que alguien llegue al consultorio de un analista y, luego de cierto tiempo, confiese a éste un crimen por él cometido; sino, concretamente, de aquellos sujetos que se encuentran implicados en un proceso judicial, desde el cual se indica la intervención de un terapeuta, siendo esta intervención aceptada y, algunas veces, hasta solicitada por ellos.
Pero entonces nos encontramos con que el encuadre y el dispositivo posible dista bastante –en buena parte de los casos– del consultorio de estilo vienés o francés de un psicoanalista. Entran en juego factores diversos cuya incidencia no podrá soslayarse. Delimitar un nuevo objeto, investigar las formas posibles de su abordaje y reelaborar la doctrina se imponen entonces al psicoanalista como condiciones necesarias para trasponer ese umbral y alcanzar alguna eficacia en su intervención. Y éste ya no es un problema de forma.

Valor y función de la intervención judicial
. La invocación de la intervención del Juzgado a través del acto delictivo, en este contexto, viene a señalar que se ha producido en estos jóvenes cierto impasse en su relación con las normas, viéndose desbordada la autoridad y contención de sus padres o su grupo familiar, tanto como la del ámbito escolar, lo cual ha desembocado en la consecuente apertura de un expediente, que de por sí –más allá de cómo llegue finalmente a término– implica cierta “sanción”.

En la práctica, en el abordaje que a partir de ello se realiza por parte de los equipos técnicos de los diversos dispositivos a los que los jóvenes son derivados, El Juzgado, El juez, incluso «La Causa», siempre están presentes, ya sea de manera implícita –como trasfondo de la intervención del equipo profesional– o al ser explícitamente invocado en el transcurso de una entrevista, en la variada gama de circunstancias en que puede plantearse esta invocación: desde lo más imaginario, como aquella figura poderosa, respetada, temida, al tiempo sabia o caprichosa, que los mismos jóvenes ubican como señal de freno: «…Si no cumplo con los compromisos asumidos ante el Juzgado al quedar en libertad, el Juez se podría enojar…»; o, en un registro prevalentemente simbólico, allí donde la carátula misma del expediente se constituye en el punto de partida de un ordenamiento sin precedentes de las diversas tramas discursivas en cuyo enredo el joven se ha extraviado; o, incluso, en una dimensión plenamente real, allí donde la intervención del Juez afecta en forma instantánea a las distintas esferas de la vida del sujeto, erigiéndolo como aquella instancia destinada a poner un tope a su desborde pulsional, cuando sus propios impulsos y conductas destructivas –a todas luces fuera de su dominio conciente– lo llevan a poner en riesgo tanto su integridad, como la de sus semejantes. En este sentido, podemos decir que los acting y pasajes al acto con los que los jóvenes buscan –en ocasiones, de manera desesperada– hacerse representar como sujetos de deseo y de derecho, ponen a consideración del Otro Social esos residuos que la ley no aloja. Así, vemos cómo la función del Juez, tomando el relevo de una función paterna inscripta de manera fallida, se erige en una instancia esencial para el funcionamiento eficaz de todo el dispositivo. Entendemos por «dispositivo» todo entramado de recursos profesionales y técnicos que permita alojar eso que irrumpe como puro desborde, como mera trasgresión, para que se haga posible desentrañar su significación oculta, abriendo alguna vía de expresión y reconocimiento a esa demanda, ese reclamo del sujeto al Otro que Winnicott supo poner de relieve como trasfondo de todo acto antisocial.2 El dispositivo a construir, en cada caso –más allá de las diversas instancias institucionales por los que cada joven pueda ir transitando–, debería apuntar a sostener un tratamiento posible de lo que ha quedado fuera de discurso, haciendo obstáculo al sujeto en su articulación con el entorno social, con sus normativas y pautas de convivencia.

En la trasgresión, se verifica la relación del sujeto con la ley en su doble vertiente: prohibir y autorizar. En líneas generales, la ley posibilita la cultura y la civilización, regula el intercambio, da lugar al reconocimiento y establece los límites. Todo sujeto debe atravesar un proceso de renuncia a algo para ser incluido en el conjunto: ese algo es aquello que fundamenta la ley. Las figuras del «padre», «juez», «tutor» o «encargado» se erigen como la autoridad que surge de la existencia de la ley, y son aquellas en las cuales se encarna su transmisión.

Deseo de ley, ley del deseo. Puesto que la transmisión de la ley, para que sea efectiva, no se limita a su existencia anónima o a su aplicación burocrática, sino que requiere de cierta presencia que la ejerza y la haga cumplir, esto sin embargo tiene como condición un reconocimiento, una legitimación de ese lugar de autoridad por parte del sujeto, puesto que si tal operación no se ha producido, tal autoridad tendrá para él el carácter de una imposición, propiciando su rechazo y su resistencia. La verdad del expediente puede terminar aplastando toda posibilidad de surgimiento de toda otra dimensión de la verdad. En ese sentido, el vínculo personalizado que se establece entre el joven y el profesional interviniente en el marco del dispositivo –en ocasiones, un psicoanalista– se constituye en herramienta fundamental para que el sujeto pueda reelaborar aquello que se cristalizó, en ese punto, de manera fallida. Puesto que la Ley sin deseo es anónima, deja también al sujeto sumido en el anonimato, excluyendo así aquellas diferencias que constituyen lo más singular del conflicto que le obstaculiza hacerse partícipe de su trama. Sólo su encarnación en un deseo permite que sea transmitida de manera lograda: que alguien encarne la Ley, en el orden de una presencia personal que permita al sujeto suponer algún deseo puesto en juego en su inclusión, en su alojamiento en ella.

Esta intervención, coordinada con la instancia judicial, permite que la ley se presente ante el joven en su faceta humanizante, para que algo del sentido de la sanción pueda operar para él a partir de su propio reconocimiento, permitiéndole así su apropiación. En este punto, nuestras intervenciones están, en buena medida, orientadas a acompañar al sujeto en su interrogación acerca de cómo la Ley puede ser subjetivizada, cómo es posible hacer de ella algo habitable, dinámico y no algo duro, seco, impenetrable, prescindente de toda subjetividad.
Nos hallamos así en el cruce entre el discurso jurídico –en la pretendida universalidad de su aplicación– y la problemática de la subjetividad –dominio de lo singular–. La posibilidad de articular, conciliar y atravesar esta confrontación discursiva es una de las claves para la eficacia de toda intervención, en la medida en que, cuando ello es posible, abre las puertas a cierto cambio de posición subjetiva indispensable para la asunción responsable, por parte del joven, de sus propios proyectos, derechos y obligaciones.

Ese pasaje, de la irresponsabilidad del acto antisocial, al ejercicio responsable de su posición de Sujeto –en dónde confluyen la vertiente jurídica y la psicológica del término–, cuando se realiza, es producto de un complejo trabajo de articulación de las más diversas instancias en las que se despliega su vida, en donde no están exentas intervenciones de carácter práctico tales como la puesta en regla de su documentación, la consulta médica, la inscripción en determinada actividad escolar o de capacitación laboral, las entrevistas familiares, las reuniones en el Juzgado por las distintas cuestiones derivadas del proceso judicial, etc. Es a ese complejo trabajo de articulación –que apunta a propiciar dicho «pasaje»– al que se ajustan con precisión los términos: «terapéutico» y «tratamiento». Se trata de acompañar al joven en su construcción de una nueva concepción de autoridad que ya no se asimile a la figura del amo. Acompañarlo en el proceso de apropiación de una ley que lo aloje y le permita elegir, tomando decisiones que estén a la altura tanto de su condición de sujeto del derecho, como de sujeto deseante.
________________
1. Winnicott, D. W.; «Correspondencia con un magistrado», en Deprivación y delincuencia, Buenos Aires, Paidós, 1996.
2. Ibid.
 
 
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