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   El Psicoanálisis en el ámbito judicial

Psicoanalistas en el estrado
  Por Andrea Homene
   
 
Nuevamente, ¿por qué el psicoanálisis? Resulta extraño, y llamativo a la vez, que los psicoanalistas reiteremos a lo largo de la historia, una misma pregunta. A diferencia de otras ciencias o artes, que no se toman el trabajo de fundamentar su existencia ni el porqué de su aplicación en el campo que sea, el psicoanálisis, o mejor dicho, quienes lo ejercemos, nos vemos en muchas ocasiones, frente a la necesidad de dar cuenta de los motivos por los cuales un psicoanalista tiene algo para decir o algo que hacer, básicamente, cuando de la práctica por fuera del consultorio se trata.
En esta línea, es que hoy se aborda la pregunta acerca del rol de un psicoanalista en el ámbito judicial. ¿Es lo mismo que la “pericia” sea hecha por un psicólogo, con herramientas de la psicología (técnicas proyectivas o psicométricas) a que la evaluación del sujeto la realice un psicoanalista? ¿Serán las mismas conclusiones a las que se arribe, o diferirán sustancialmente en función de la especialidad de quien la haga?

En el fuero penal, la pericia psicológica es una herramienta, si bien no vinculante (es decir que de sus conclusiones no deriva una necesaria resolución judicial), sí de suma importancia, no sólo a los fines de determinar las condiciones de imputabilidad de un sujeto, sino también como un modo pivilegiado de situar el acto en el terreno de la subjetividad.
Si bien los relatos pueden resultar similares, los sujetos que los cuentan, son irrepetibles. Juan, Pedro o Manuel, pueden decir que robaron “para comprar las zapatillas”. Pero el modo en que lo hicieron, el instante de desasimiento de la normativa legal, la imposición del acto sobre el proceso secundario, y las consecuencias y la posición subjetiva frente a la responsabilidad, serán por completo diferentes.
Históricamente, la justicia ha optado, probablemente sin distinguir entre un psicólogo y un psicoanalista, por atender a los relatos de las técnicas de evaluación psicológica, las cuales a su vez han adquirido el estatus de “prueba”. Para decirlo sencillamente, mediante dichas técnicas, el profesional psi exhibe y fundamenta sus conclusiones sobre la base del material gráfico, láminas, etc. El psicoanalista, en cambio, no tiene nada que exhibir, en términos de prueba, y sus conclusiones emanan de su escucha, que no es la del psicólogo.

La pregunta acerca de lo que le sucedió a tal o cual sujeto para que se lanzara en un acting out, no encuentra su respuesta en el tamaño o la ubicación de la figura tal o cual.
Resulta auspicioso que en los debates orales (dispositivo de realización de juicio), los peritos debemos responder en el momento y verbalmente, a los interrogantes que planteen tanto los jueces, como los fiscales y los defensores. Y en ese contexto, se abre la posibilidad de poder decir aquello que en un informe es muy difícil de plasmar. Por una primera e importante cuestión, que alude al hecho de que el perito no debe hacer mención al hecho que se investiga, ya que la entrevista psicológica no es una confesión, y no es función del perito establecer la culpabilidad jurídica de un sujeto; y por una segunda cuestión que se centra en el hecho de que los profesionales psi cuando nos ponemos a escribir informes, lo solemos hacer de un modo tal que oscila entre el cuento de hadas y la exposición erudita con palabras muy difíciles que no están en el diccionario de la real academia, y que los jueces no logran siquiera bordear lo que se ha querido informar.

El dispositivo oral en el juicio, brinda esa posibilidad de poder decir acerca de la lectura que del caso se ha hecho, y hacerlo de un modo en el que resulte accesible para quienes no manejan los conceptos psicoanalíticos.
Hace poco tiempo atrás, en uno de esos debates orales, aun cuando la respuesta no hacía a la resolución del Tribunal interviniente, quien lo presidía se permitió preguntarnos cuales creíamos los peritos que eran los resortes que motivaron el acto juzgado, y de qué manera operaba el psiquismo frente a tales condiciones.
Se hace camino al andar, dijo el poeta. El psicoanálisis, la puesta en juego de su discurso, y la posibilidad de su práctica en escenarios complejos, requiere de la insistencia de quienes pensamos qué es la herramienta más certera para acercarnos al sujeto.

La transmisión de la experiencia es casi un deber de quienes a diario desplegamos la tarea en terrenos “visitantes”. Y es esperable que dicha transmisión tenga las mismas características de accesibilidad que los informes destinados a profesionales de otras disciplinas. Escribir difícil no es sinónimo de escribir bien. Que no se entienda lo que un texto dice no lo hace mas valioso, por el contrario, lo torna olvidable.
Si los psicoanalistas aspiramos a sostener un discurso y una práctica en un terreno como el judicial, que además implique la jerarquización de la función pericial, lo podremos hacer si renunciamos a satisfacciones narcisistas fundadas en la fascinación ante la propia escritura, ceremonia de autosatisfacción que no hace lazo, y que en nada contribuye, ni a la Justicia, ni a la mencionada jerarquización del perito.
Otro aspecto importante de la labor en este espacio, al igual que en otros vinculados a la salud, es el de garantizar el cumplimiento de la Ley de Salud Mental. Históricamente, se ha implementado la metodología de internación del llamado “paciente psiquiátrico”. Más aún cuando el mismo ha incurrido en un acto contrario a la ley penal. En la justicia, los sujetos declarados inimputables (es decir, aquellos que por su estado psíquico en el momento de cometer el hecho no estaban en pleno uso de sus facultades mentales, sea por insuficiencia o por alteración morbosa de las mismas, no pudiendo por lo tanto comprender la criminalidad de los actos o dirigir libremente sus acciones), de acuerdo al artículo 34 inciso 1º del Código Penal, quedan bajo la determinación del juez o tribunal, quienes “dispondrán la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso”. Este artículo no contempla la posibilidad de que el sujeto permanezca en libertad (“… dispondrá la reclusión…”), realizando un tratamiento ambulatorio, aún cuando las condiciones familiares o sociales así lo permitieran. La misma Ley de Salud Mental exceptúa a los sujetos contemplados por el artículo 34 del Código Penal, en cuanto a la obligatoriedad de estar bajo la órbita exclusiva de los equipos interdisciplinarios de salud mental.

Esta situación deriva, en la práctica, en internaciones prolongadas (habitualmente nos encontramos con sujetos que llevan entre diez y veinte años internados en las Unidades Psiquiátricas del Servicio Penitenciario), sin que se implementen con ellos los tratamientos imprescindibles para su rehabilitación familiar y social.
La nueva Ley de Ejecución Penal (14.296) en su artículo 24 establece que “el Juez de Ejecución o Juez competente deberá revisar la pertinencia de mantener la medida de seguridad con una periodicidad no mayor a seis meses… si se determinase que ha cesado la peligrosidad a que se refiere el artículo 34 del Código Penal, deberá disponerse la libertad inmediata del detenido”.
Como se podrá observar, que alguien sea declarado inimputable, no descarta que a la vez se lo considere detenido. Y que su destino permanezca en manos de la Justicia. La modificación de la Ley de Ejecución Penal, introduce un aspecto relevante: la revisión de la medida debe hacerse al menos, dos veces al año. Sin embargo, el llamado “cese de la peligrosidad”, debe ser establecido por los médicos tratantes en las instituciones psiquiátricas del Servicio Penitenciario. Reitero que en la práctica, los informes en tal sentido, adolecen de una falta de contundencia que deja margen para el sostenimiento de la medida de seguridad, con la consecutiva prolongación de las internaciones.

Por otra parte persiste en el ámbito judicial la predominancia del discurso médico-psiquiátrico, en detrimento de lo dispuesto por la nueva Ley de Salud Mental, que equipara a los psicólogos y médicos en cuanto a la capacidad para el establecimiento de diagnóstico y disposiciones de tratamiento de las personas con padecimiento mental.
Resulta esperable que, con el tiempo, la pertinencia del abordaje del paciente por parte del equipo interdisciplinario de Salud Mental, se torne una modalidad corriente y no una excepción. Para ello, los profesionales que desempeñamos tareas en el área de la Salud Mental, debemos garantizar el cumplimiento de la ley, en cuanto al tratamiento de las personas con padecimiento mental, sea en el campo de la salud, como en el campo de la justicia.

Andrea Homene es Psicoanalista. Perito Psicóloga de la Defensoría General de Morón. Autora del libro: Psicoanálisis en las Trincheras. Práctica Analítica y Derecho Penal. Editorial Letra Viva. 2011.
 
 
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