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   Colaboración

De juicios y penitencias (o de Saberes e incumbencias)
  Por Hernando Albornoz
   
 
La decisión del juez Axel López de liberar en forma condicional a un individuo con pena de 24 años por delitos de orden sexual, noticia que llega a la opinión pública luego de cometido el asesinato de una nueva víctima, con la carátula amarillista de “libertad a un violador”, merece un análisis más profundo que el que propone la “criminología mediática” a la que nos quiere acostumbrar la mediocre prensa contemporánea y los grupos económicos que controlan los medios masivos de comunicación.

De la lectura del fallo del juez se tiene la certeza que el magistrado se ajustó a derecho (ley 24660 de Ejecución Penal, Código Penal y Constitución de la Nación Argentina, entre otras), pero a la vez el mismo texto da cuenta de la impotencia de la justicia para abordar adecuadamente requerimientos de casos que por innumerables motivos son más complejos que la transgresión a la ley, y advierte una vez más que lo normado en las leyes no es suficiente, y más aún que es verdaderamente pobre, para dar respuesta al sufrimiento de las personas y a las necesidades de reparación de la sociedad.
Me tocó integrar entre los años 2006 y 2010 un equipo interdisciplinario denominado “Clínica de la vulnerabilidad”, en el Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires (dispositivo psicoanalítico que hoy se continúa con otra modalidad en el Centro Universitario de Devoto U2 - Programa UBA XXII), en la que brindábamos una escucha analítica y seguimiento –en la medida de los recursos disponibles– de la marcha de la nueva etapa de vida, a las personas liberadas por el juez.

La experiencia demuestra que de las necesidades de la gente que es privada de la libertad por la comisión de distintos delitos, ningún organismo estatal puede dar cuenta, durante el encierro ni luego de él, y más aún, muy pocos reciben algún tratamiento de orden psicoterapéutico o similar, si fuere necesario. Toda la oferta desfallece en el punto de control como fin exclusivo (servicios penitenciarios y patronatos de liberados, sostenidos por el mismo sistema).
Nada hay en la búsqueda de conocer el verdadero sufrimiento de la persona y los modos de reparación de la exclusión de la que ha sido objeto (nominación nunca aleatoria), en la mayoría de los casos, desde niños, y aún más, a consecuencia de la de sus padres, muchas veces víctimas y victimarios, a la vez.

De hecho las psicoterapias, operan por sugestión y no implican al sujeto, además de la consabida búsqueda incansable de eliminar al síntoma. El Psicoanálisis, por el contrario, no busca eliminar el síntoma sino trabajar con él, implicando al sujeto en lo que dice y lo que hace, haciéndole saber del goce mortífero que atañe a su síntoma. El síntoma es la herramienta del trabajo analítico, en contraposición con el sentido del que se ocupa la psicoterapia.

¿Quién le teme al discurso jurídico? En su fallo el juez sostiene (¡los jueces siempre fallan!) que el imputado había sido condenado por otro tribunal a la pena de 24 años de prisión, se hallaba bajo el reglamento de salidas transitorias desde 2008 y requirió su inclusión al régimen de la Libertad Condicional, siendo que, todos los integrantes del Consejo Correccional de la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal propiciaron el acceso al beneficio.
En ese orden, cita que se hallaba en el período de Prueba desde el 26 de septiembre de 2006, con conducta (máximo estadio del régimen penitenciario progresivo) ejemplar (calificación 10) y concepto muy bueno (ídem 7), cumplidos todos los objetivos que le fueron propuestos en su “Programa de Tratamiento Individual” para lograr su reinserción social, señalándose especialmente que fue incorporado a un programa específico para condenados por delitos de agresión sexual (C.A.S.) “...desempeñándose dentro del mismo de manera satisfactoria.” (¿Cuál es la medida de la satisfacción? Y, ¿quién la ejerce?)

Del juicio sintético elaborado por la dirección del establecimiento –dice el magistrado–, se desprende que “... su reinserción social en la actualidad se vislumbra como favorable, no constituyendo a la fecha un riesgo para sí ni para terceros.” (¿Quién se hará cargo de semejante imprudente afirmación?)
No obstante, “mediante exhorto al magistrado federal de la ciudad de Resistencia, del Cuerpo Médico Forense dependiente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, se le requirió un peritaje al Dr. Ramiro Santiago Isla”, médico psiquiatra forense, quien estableció que el imputado presenta un trastorno de la personalidad de tipo antisocial y que, “... si bien no es posible predecir científicamente con certeza la conducta del [causante] con respecto a la posibilidad de reincidencia en delito contra la integridad sexual, [consideró] que existen factores personales de riesgo de reincidencia.”

Atento a esto último el fiscal se manifestó contrario a la libertad condicional, mientras que la defensora ad hoc, sostuvo la pertinencia del beneficio.
El juez Axel López otorga la libertad argumentando que “no surge del informe qué técnicas fueron utilizadas para establecer el diagnóstico de referencia, así como tampoco qué bibliografía fue utilizada para considerar que, en función de la patología descripta, se presenta un riesgo social en la futura conducta del causante”.
“Conviene preguntarse –insiste el juez– por qué habría de tener más peso en esta instancia de resolución un escueto informe forense practicado luego de catorce años de detención, por sobre la actuación consistente y permanente de la autoridad directa de aplicación (S.P.F.) que aplicó un específico tratamiento de reinserción social”. (¿Está el juez en condiciones de analizar la calidad y los efectos del tratamiento?)

Empero, el magistrado recuerda una omisión histórica de las autoridades del Poder Judicial: “la ley 24.050 –sancionada hace casi veinte años– preveía, como órgano auxiliar de los magistrados de ejecución penal, la creación de un “Gabinete Interdisciplinario”, conformado por profesionales de diversas ciencias con el objeto de brindar su asesoramiento respecto de cuestiones prácticas que excedan el simple conocimiento de la ley vigente. No obstante ello, dicho organismo jamás fue puesto en funcionamiento, lo que evidencia, una vez más, el escaso interés que la propia autoridad jurisdiccional máxima posee respecto del proceso de ejecución penal, con relación a las herramientas con las que debiera contar este fuero para una mejor administración de Justicia”.

La Verdad. ¡Si es que hay alguna! Lo puntualizado resume fatalmente (¡ya no es una metáfora!) la incompetencia de las prestaciones penitenciarias para dar respuesta a los genuinos requerimientos de inclusión, capacitación e integración a la sociedad, de las personas que cometen delitos penados por la ley. Y no sólo porque es aún –sin ningún fundamento– un servicio militarizado en el que los equipos de salud están subordinados en sus opiniones y asistencias a la escala jerárquica de la carrera penitenciaria y no pueden contradecir u oponerse a los informes criminológicos. Sino también porque el ejercicio de la Psicología y en muchos casos el de la Medicina quedan por ello mismo, como mínimo, defraudados y malversados, en el sólo interés de los fines de castigo, dejando de lado el padecimiento de las personas.

La ineficacia del sistema judicial queda expuesta una vez más, a pesar de los esfuerzos de algunos funcionarios por que se respeten y se restituyan los derechos humanos, aún violados sistemáticamente en las cárceles de la Argentina.
Ambas instancias no hacen otra cosa que abonar al Discurso del Amo, que demanda sometimiento, disciplina y control. Nada dicen acerca del Deseo. No hay lugar a la Palabra. ¿Qué quiere, qué piensa, qué le duele, qué planes tiene, este que padece? Discurso Amo, que no es otro que el de la Ciencia.
Las vulnerabilidades son muchas y de diverso origen, pero también hay una vulnerabilidad subjetiva que atender. El sistema, tal cual está, lleva más de 200 años si poder dar respuesta.
Como dice Irene Greiser en Psicoanálisis sin Diván (2012), “El discurso Amo institucional demanda que el sistema funcione y desde esa premisa imparte normas disciplinarias. La práctica analítica en institutos penitenciarios verifica que el analista no responde al amo, que demanda disciplina, y que, si ello ocurre y un sujeto se disciplina a partir del encuentro con un analista, ello ocurre de modo indirecto, esto es, por añadidura”.

El Psicoanálisis rechaza el control y no se somete a hacer peritaje del sufrimiento. Al analista le toca subvertir la demanda de evaluar, que sólo se remite a situar al sujeto en el lugar del informe. Haciendo uso de la misma solicitud y sin hacer concesiones al régimen el analista responde con la escucha a un sujeto.
El discurso analítico, se aplique donde se aplique, produce un sujeto y el operador para ello no es otro que el deseo del analista; si confrontan a un sujeto con el goce implícito en sus dichos y actos, opera el discurso analítico; aunque esa intervención no sea efectuada en el dispositivo analítico del consultorio, será una intervención analítica.
Los equipos penitenciarios nada saben ni quieren saber de Dar la Palabra y ofrecer una Escucha a un sujeto que padece (no están para eso). Instancia que al menos tranquiliza, en la eventualidad de una cura que no llega.
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* Autor de Clínica de la vulnerabilidad - Coordinador del Taller de Reflexión y Creación para Personas Privadas de la Libertad, en la etapa de Pre Libertad. Centro Universitario de Devoto - Programa UBA XXII.
E-mail: lapalabra@ambienteyenergia.com.ar
 
 
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