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En nombre de la justicia, ¿se pueden cometer actos de barbarie?
  Por Ana  Lanfranconi
   
 
El lenguaje, en tiempos de avance de una derecha afásica, es más que nunca una orientación en lo que podría presentarse como un episodio confuso cuando el atropello de toda forma de uso de la palabra, como fue la salvaje represión en el Hospital Borda se produce en nombre de los pasos lógicos de un proceso legal puro e impoluto abrochado por un inimputable centro cívico (nuevamente la civilización montándose sobre el arrebato de la palabra y la violencia sobre los cuerpos) y cuando se justifica la legítima defensa de la policía en el accionar violento de un grupo minoritario. La relación al lenguaje marca posiciones políticas: que la irrupción de la policía y la infantería en el hospital Borda esté amparada en la ley (si así lo fuera), no es suficiente para que un político, es decir, alguien que ha elegido la vía de la polis y de la palabra, ordene desde la comodidad de sus oficinas un acto represivo dejado únicamente en manos de los que empuñan armas con un encuadramiento político que desprecia toda instancia posible de diálogo (lo que se ve y escucha de las filmaciones es claro: no había con quién hablar) a fin de evitar herir a seres humanos, de un lado y de otro. Nombrar la práctica represiva como enfrentamiento, indica que le ha sido necesario, a quien así habla, recurrir a un desconocimiento de la diferencia entre la policía e infantería y un grupo de trabajadores, médicos, enfermeros, pacientes, periodistas, legisladores. Quien no admite esa diferencia se alinea con las prácticas discursivas perversas de las dictaduras que engendran prácticas vejatorias y criminales sobre los cuerpos, para alcanzar sus objetivos político-económicos. Es propio de dicha desmentida un comportamiento que busca despolitizar las prácticas como modo de avanzar en la dirección de una política que no tiene nada de apolítica. En nombre de la economía (llámese capital) y de la ley, consideradas ambas verdades científicas, absolutas, sin ideología, se perpetran medidas criminales (el doloroso ejemplo de los desahuciados en España). Así como se pretende que la economía es una ciencia, una técnica con verdades absolutas, y con ellas se justifica el predominio del capital sobre el ser humano, del mismo modo se pretende ubicar una justicia científica, absoluta, que estaría por encima del ser humano, de su posibilidad de hablar. Entonces llamemos las cosas por su nombre: la represión inhumana en el Hospital Borda nos indica la presencia de prácticas criminales, disfrazadas de apolíticas y legales, como modo de alcanzar sus objetivos, de imponer una política.
 
 
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